Por Eduardo Anguita
para El Argentino.com
La última carta jurídica para evitar que Felipe y Marcela Noble Herrera no conozcan si son o no hijos de desaparecidos se cayó en dominó. A partir de ahora, el reloj funciona sin que ningún tribunal pueda obstruir el trabajo que los científicos del laboratorio del Banco Nacional de Datos Genéticos cotejen las muestras de ADN de los hijos adoptados por la dueña de Clarín con todos los registros que tiene el banco. Unos 400 en total. En el curso de los próximos 45 días, se sabrá lo que durante nueve años el grupo Clarín logró obturar.
Podría decirse que esta causa judicial actúa para determinar el ADN en espejo. O en ambas direcciones. No sólo servirá para conocer, en sentido literal, la identidad biológica de Felipe y Marcela.
También es útil, en sentido figurado, para ver el ADN de la Justicia argentina. Hubo demasiadas complicidades, demasiada hipocresía para silenciar esta historia. La separación del juez Baltasar Garzón de la judicatura española es una muestra clara de cómo el fantasma del pasado autoritario puede enclavarse en la política judicial.
En menor medida, el Poder Judicial argentino sufrió una lucha interna durante estos 26 años para encontrar distintos lugares. Así, en algún momento, Hugo Cañón y Gabriel Cavallo parecían compartir el mismo lugar en la Justicia. El primero, siendo fiscal de Bahía Blanca, pidió la nulidad de las leyes del olvido y tuvo el respaldo de la Cámara Federal. Tiempo después, Cavallo, siendo juez federal, falló esa nulidad. Sin embargo, el tiempo -y seguramente los intereses y las motivaciones de cada uno- los llevó a estar en lugares muy divergentes.
El primero preside la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires y es un militante de los derechos humanos. El otro devino socio de un estudio jurídico poderoso. En la sociedad hay lugar para los dos. Nada más que uno pelea por la verdad y el otro no aspira a más que abogar por los intereses de alguien. Y ese alguien, para tener sus servicios, debe tener con qué respaldar el contrato. Uno es un lugar para la identidad y la historia. El otro para el beneficio personal.
La secuencia de los últimos diez días estuvo plagada de intentos de torcer la búsqueda de la verdad. La aparición en escena del ex juez Gabriel Cavallo como abogado de Ernestina Herrera de Noble parecía la de un gladiador dispuesto a batirse con cualquiera. Apenas fue designado no dudó en pedir la recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La formalidad del pedido era una invocación a un prejuzgamiento por parte de la magistrada en contra de la principal accionista de Clarín.
El prejuzgamiento al que se refería Cavallo surgiría de la decisión de Arroyo Salgado cuando, al frente del juzgado federal nº 1 de San Isidro, en septiembre de 2009, ella debió entender en una causa iniciada por los abogados de Herrera de Noble contra el ex juez Roberto Marquevich, quien había osado procesar y detenerla en diciembre de 2002.
La presión del grupo Clarín sobre Marquevich fue tan grande que fogonearon un juicio político -que provocó su alejamiento de la magistratura- y luego una acusación penal ya que él había ordenado detenerla por considerarla responsable de la supresión de identidad de sus hijos adoptados irregularmente. Pues bien, esa causa tramitó durante años y Arroyo Salgado consideró que Marquevich no era responsable del delito de "privación ilegal de la libertad" tal cual reclamaba la parte de Herrera de Noble. Sin embargo, la jueza sí proceso al ex juez por haber violado el secreto del procedimiento por haber brindado información a periodistas.
El lance de Cavallo, vale la pena decirlo aunque se trate de una mera especulación, podría haber surtido efecto en otra etapa de la Argentina. Quizá reciente, en la que muchos jueces preferían apartarse cuando la topadora Clarín avanzaba. Pero la jueza la desestimó, los abogados de Clarín trascartón apelaron y la Cámara Federal de San Martín fijó una audiencia de partes tras la cual, a ritmo febril, los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga se volcaron a preparar su fallo.
Apenas algo más de 24 horas después, los magistrados desestimaron el único intento para evitar que la verdad haga libres de verdad a todos los involucrados. Ratificaron a la jueza en el lugar que ellos mismos le habían requerido el 27 de abril pasado cuando la instruyeron para acelerar los análisis. Aunque Cavallo apele a la Cámara de Casación Penal, eso no impediría que el Banco de Datos Genéticos avance.
Además, recién cuando se conozca el resultado -sea cual fuere- tendrán valor no las expresiones mediáticas de Felipe y Marcela sino el complejo proceso de identidad que ellos recorran. Eso es del orden subjetivo y es completamente ajeno a la esfera de lo que debe dirimir la Justicia. Lo que no puede justificarse es que los abogados puestos por su madre adoptiva especularan durante décadas para que su identidad biológica sea un misterio, tanto para ellos como para las eventuales familias que buscan a sus nietos.
Las Abuelas no pueden esperar más. Pelearon siempre con armas legítimas, con el dolor de la búsqueda. Se merecen que los jueces no se dejen manipular. Se merecen saber si hay dos familias que pueden reencontrar a los nietos que buscan. Y si ese fuera el caso, la Justicia tendrá que avanzar para que no haya impunidad.
Podría decirse que esta causa judicial actúa para determinar el ADN en espejo. O en ambas direcciones. No sólo servirá para conocer, en sentido literal, la identidad biológica de Felipe y Marcela.
También es útil, en sentido figurado, para ver el ADN de la Justicia argentina. Hubo demasiadas complicidades, demasiada hipocresía para silenciar esta historia. La separación del juez Baltasar Garzón de la judicatura española es una muestra clara de cómo el fantasma del pasado autoritario puede enclavarse en la política judicial.
En menor medida, el Poder Judicial argentino sufrió una lucha interna durante estos 26 años para encontrar distintos lugares. Así, en algún momento, Hugo Cañón y Gabriel Cavallo parecían compartir el mismo lugar en la Justicia. El primero, siendo fiscal de Bahía Blanca, pidió la nulidad de las leyes del olvido y tuvo el respaldo de la Cámara Federal. Tiempo después, Cavallo, siendo juez federal, falló esa nulidad. Sin embargo, el tiempo -y seguramente los intereses y las motivaciones de cada uno- los llevó a estar en lugares muy divergentes.
El primero preside la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires y es un militante de los derechos humanos. El otro devino socio de un estudio jurídico poderoso. En la sociedad hay lugar para los dos. Nada más que uno pelea por la verdad y el otro no aspira a más que abogar por los intereses de alguien. Y ese alguien, para tener sus servicios, debe tener con qué respaldar el contrato. Uno es un lugar para la identidad y la historia. El otro para el beneficio personal.
La secuencia de los últimos diez días estuvo plagada de intentos de torcer la búsqueda de la verdad. La aparición en escena del ex juez Gabriel Cavallo como abogado de Ernestina Herrera de Noble parecía la de un gladiador dispuesto a batirse con cualquiera. Apenas fue designado no dudó en pedir la recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La formalidad del pedido era una invocación a un prejuzgamiento por parte de la magistrada en contra de la principal accionista de Clarín.
El prejuzgamiento al que se refería Cavallo surgiría de la decisión de Arroyo Salgado cuando, al frente del juzgado federal nº 1 de San Isidro, en septiembre de 2009, ella debió entender en una causa iniciada por los abogados de Herrera de Noble contra el ex juez Roberto Marquevich, quien había osado procesar y detenerla en diciembre de 2002.
La presión del grupo Clarín sobre Marquevich fue tan grande que fogonearon un juicio político -que provocó su alejamiento de la magistratura- y luego una acusación penal ya que él había ordenado detenerla por considerarla responsable de la supresión de identidad de sus hijos adoptados irregularmente. Pues bien, esa causa tramitó durante años y Arroyo Salgado consideró que Marquevich no era responsable del delito de "privación ilegal de la libertad" tal cual reclamaba la parte de Herrera de Noble. Sin embargo, la jueza sí proceso al ex juez por haber violado el secreto del procedimiento por haber brindado información a periodistas.
El lance de Cavallo, vale la pena decirlo aunque se trate de una mera especulación, podría haber surtido efecto en otra etapa de la Argentina. Quizá reciente, en la que muchos jueces preferían apartarse cuando la topadora Clarín avanzaba. Pero la jueza la desestimó, los abogados de Clarín trascartón apelaron y la Cámara Federal de San Martín fijó una audiencia de partes tras la cual, a ritmo febril, los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga se volcaron a preparar su fallo.
Apenas algo más de 24 horas después, los magistrados desestimaron el único intento para evitar que la verdad haga libres de verdad a todos los involucrados. Ratificaron a la jueza en el lugar que ellos mismos le habían requerido el 27 de abril pasado cuando la instruyeron para acelerar los análisis. Aunque Cavallo apele a la Cámara de Casación Penal, eso no impediría que el Banco de Datos Genéticos avance.
Además, recién cuando se conozca el resultado -sea cual fuere- tendrán valor no las expresiones mediáticas de Felipe y Marcela sino el complejo proceso de identidad que ellos recorran. Eso es del orden subjetivo y es completamente ajeno a la esfera de lo que debe dirimir la Justicia. Lo que no puede justificarse es que los abogados puestos por su madre adoptiva especularan durante décadas para que su identidad biológica sea un misterio, tanto para ellos como para las eventuales familias que buscan a sus nietos.
Las Abuelas no pueden esperar más. Pelearon siempre con armas legítimas, con el dolor de la búsqueda. Se merecen que los jueces no se dejen manipular. Se merecen saber si hay dos familias que pueden reencontrar a los nietos que buscan. Y si ese fuera el caso, la Justicia tendrá que avanzar para que no haya impunidad.
